El pasado 12 de febrero, el Congreso de los Diputados dio luz verde a una reforma histórica contra la multirreincidencia que endurece la respuesta penal ante el hurto. 

La imagen en el hemiciclo fue inusual: una mayoría absoluta de 302 votos construida en un acuerdo transversal entre izquierda y derecha. El objetivo compartido es claro: acabar con la sensación de impunidad en las grandes ciudades y evitar que los carteristas acumulen decenas de detenciones sin consecuencias reales.

La nueva letra del Código Penal es severa. A partir de ahora, la acumulación de tres delitos leves —hurtos menores de 400 euros— dejará de saldarse con una simple multa para castigarse con penas de prisión de seis meses a tres años. Además, la norma introduce herramientas inéditas: el robo de móviles se agrava por vulnerar la “intimidad digital”, los jueces podrán dictar órdenes de alejamiento de lugares concretos y se penaliza con hasta cinco años el “petaqueo” o transporte de combustible para narcolanchas.

La reforma parte de una premisa clásica: el delincuente es un actor racional que, calculadora en mano, sopesa costes y beneficios antes de actuar. Si sube el coste (cárcel), baja la acción (robo).

La primera sensación o pensamiento que le viene a un ciudadano normal es que hay que acabar con todo este menudeo de carteristas que abundan en las grandes ciudades y crean una situacion de inseguridad total, la impunidad con la que se ven valiéndose del panico o miedo que crean en la población hace que la adopcion de estas medidas sean aplaudidas por la mayoria de la ciudadania y en eso el poder politico ha estado sensible, todo hay que decirlo.

Pero tambien hay que considerar que la verdadera realidad de la carcel rara vez encaja en ese modelo.

Como han puesto de relieve trabajos recientes de criminología ambiental en España, el pequeño hurto suele ser impulsivo y oportunista, consecuencia de la ocasión y no de una estrategia. Más preocupante aún es el perfil del reincidente: estudios del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones señalan que una parte importante de estos reincidentes arrastran historias de exclusión severa, sinhogarismo o problemas graves de drogodependencia. Para quien roba intentando calmar un síndrome de abstinencia o simplemente para comer ese día, la amenaza de una pena futura (incluso la prisión) tiene una capacidad disuasoria nula frente a la urgencia fisiológica del presente.

A este escenario psicológico se suma un problema estructural. La literatura sobre disuasión penal es clara: lo que frena al crimen no es la dureza de la pena (cuántos años te caen), sino la certeza y la inmediatez del castigo (cuándo te caen) y en este punto, el sistema español juega con desventaja. Informes del Consejo General del Poder Judicial llevan años radiografiando una justicia saturada, donde la sentencia firme llega meses o años después del delito y el castigo se percibe como una amenaza lejana y abstracta.