El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” articulada a través de “un núcleo operativo personal” cuya finalidad era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente [la aerolínea] Plus Ultra”. La investigación indaga sobre la existencia de una supuesta trama de blanqueo de dinero con el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a esta compañía aérea tras la pandemia. El juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar al exlíder socialista el próximo 2 de junio.
Según confirman fuentes de la investigación a EL PAÍS, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional este martes ha registrado la oficina de Zapatero, la de la empresa de sus hijas, Whathefav S. L., así como otras dos mercantiles (Inteligencia Prospectiva S. L. y Softgestor) que eran clientes de Análisis Relevante S. L., una consultora que centra la investigación. La mercantil —creada por Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero— cobraba de Plus Ultra y, a su vez, pagaba al expresidente. Además, los agentes han realizado requerimientos de documentación a entidades públicas como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al grupo empresarial chino Aldesa. El juez apunta a la creación de una empresa en Dubái por orden del expresidente supuestamente para recibir fondos y evitar su rastreo en España.
Esta es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno está investigado en una causa por corrupción. La Fiscalía que dirige Alejandro Luzón lleva desde 2024 indagando en el paradero del dinero del rescate otorgado en marzo de 2021, después de que llegaran dos peticiones de información de las autoridades de Suiza y de Francia por supuestas maniobras de blanqueo de capitales en ese territorio. A finales de 2025, el asunto fue judicializado en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que lo envió a la Audiencia Nacional. El 11 de diciembre, la UDEF registró la sede de Plus Ultra y detuvo al presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y a su consejero delegado, Roberto Roselli.
