CARLOS E. CUÉ. EL PAIS

Pedro Sánchez repite el esquema de los tiempos de Nadia Calviño y pone todo el foco en la economía colocando como vicepresidente primero a Carlos Cuerpo, un independiente sin carné del PSOE y que viene de un perfil técnico, pero que ha ido ganando mucho peso en el entorno del presidente. Cuerpo da un triple salto y pasa en poco tiempo de secretario de Estado apenas conocido a vicepresidente y figura clave del nuevo Ejecutivo tras la salida de María Jesús Montero, que deja el Gobierno para ser candidata en Andalucía.

La otra gran novedad es que Sánchez evita el superministerio con el que se especulaba y mantiene Economía y Hacienda separados, como los ha tenido en sus ocho años en La Moncloa. Para este último elige a Arcadi España, también de peso técnico pero con un perfil mucho más político, porque sí es del PSOE, fue la persona de máxima confianza de Ximo Puig en la Generalitat valenciana, es miembro de la ejecutiva federal del partido y ahora era secretario de Estado de Política Territorial. España ya fue conseller de Hacienda en la Comunidad Valenciana y tiene dilatada trayectoria política y respeto interno en el PSOE.

El cambio de Montero por Cuerpo es muy relevante. Sánchez pasa de una política de raza, que es la número dos del PSOE y sonó en alguna ocasión como posible sucesora, a un independiente que ha desarrollado toda su carrera en puestos técnicos como economista de élite en la Comisión Europea o en la Airef. Cuerpo es economista del Estado por oposición.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado esta noche la disolución del Parlamento y la convocatoria de las elecciones andaluzas para el próximo 17 de mayo, “una fecha idónea para facilitar la mayor participación posible”, según ha dicho en una comparecencia televisada desde el palacio de San Telmo. La Junta informó de la alocución a través de Yotube y de Canal Sur con tan solo 13 minutos de antelación. “Ha llegado el momento”, ha dicho el líder popular.

El dirigente popular ha convocado esta tarde una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno puesto que, según el Estatuto de Autonomía, la convocatoria electoral es una prerrogativa exclusiva del presidente “previa deliberación del Consejo de Gobierno”. El presidente andaluz ha justificado la fecha del 17 de mayo, que sortea las numerosas fechas festivas que se celebran en Andalucía -aunque coincide con la Feria de Jerez de la Frontera, la segunda más importante de la comunidad-, para que el futuro gobierno esté a pleno rendimiento cuanto antes para “llegar al verano con un horizonte político despejado. Y de la misma forma, este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación”.

Moreno ha convocado a los andaluces tras reunirse con sus consejeros esta misma tarde. “Han sido cuatro años idóneos. El cambio comenzó hace siete años ha permitido iniciar reformas. Seguimos creciendo”, ha dicho. “Votar cada cuatro años con la legislatura completada y los presupuestos presentados es la normalidad democrática”, ha señalado. “Nuestra tierra ha demostrado recientemente una gran altura. Espero y deseo que esta decisión tan importante facilite la mayor participación y permitan a los andaluces hablar con la máxima claridad, para que todos los partidos estemos a la altura”.

El último barómetro del año del Centro de Estudios Andaluces (Centra), publicado este lunes, pronostica la victoria del PP en Andalucía—aunque podía perder la mayoría absoluta (55 de los 109 escaños del Parlamento)—, el desplome del PSOE y una fuerte subida de Vox —cuatro puntos más que en los anteriores comicios— en caso de que se celebraran ahora elecciones autonómicas

El Gobierno aprobó este viernes en una reunión extraordinaria un paquete de medidas de urgencia por valor de 5.000 millones de euros para hacer frente a la tensión en el mercado de la energía derivada de la guerra en Irán, que amenaza con contaminar a toda la economía. Las 80 medidas incluyen rebajas del IVA que soportan la luz, el gas y los combustibles, descuentos en el precio de los carburantes, ayudas a los transportistas y agricultores para la compra de fertilizantes y apoyo a la industria electrointensiva, entre otras. Se trata de una respuesta rápida por parte del Ejecutivo, que diseña una protección social y económica amplia ante un escenario lleno de incertidumbre, con un conflicto sin final a la vista que escala día a día, donde se están viendo dañadas instalaciones energéticas que llevará tiempo volver a poner en marcha. El plan rescata parte del manual anticrisis desplegado en el primer año de la guerra en Ucrania, aunque en un escenario diferente.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encargó de recalcar el menor impacto que el conflicto de Oriente Próximo tiene en esta ocasión sobre la factura eléctrica: el gas marca el precio de la electricidad apenas un 15% del tiempo en España, frente al 90% en Italia o el 40% en Alemania. Se puede criticar que, por ello, las rebajas fiscales para la electricidad van más allá de las medidas perimetradas y acotadas que había prometido el propio Ejecutivo. Igualmente, la bonificación del combustible para el grueso de los consumidores contradice el objetivo de descarbonizar la economía. Pero, en conjunto, el plan presentado este viernes, entendido como una respuesta rápida y precisa a una crisis sobrevenida, supone un escudo económico y social adecuado al momento. Hay que empezar a pensar en nuevos escenarios y en medidas adicionales, aunque las reglas fiscales europeas condicionen la adopción de nuevos planes

En su parte más pegada a la crisis, el plan resulta difícil de impugnar por parte del Congreso cuando se vote su convalidación, previsiblemente la próxima semana. La coyuntura es grave, su evolución a corto plazo no está en manos de España o de la UE, y exige de los grupos parlamentarios frialdad, pragmatismo y altura de miras, en vez de la habitual campaña electoral virtual en la que se convierte cualquier debate. La Agencia Internacional de la Energía advirtió este viernes de que el bloqueo del paso de petróleo por el estrecho de Ormuz a causa de la guerra, y el nerviosismo provocado por los ataques contra plantas gasistas han causado ya “la mayor amenaza para la seguridad energética mundial de la historia”. Esto ha sucedido en solo tres semanas. Los ciudadanos tienen que percibir que el Estado, no solo el Gobierno, está preparado para proteger a los ciudadanos de lo que venga.

REYES RINCON. EL PAIS

El Tribunal Supremo ha puesto fin este jueves al pleito entre el Estado y la familia de Francisco Franco por la propiedad del pazo de Meirás. La Sala Civil ha resuelto por unanimidad que el pazo y sus fincas son propiedad del Estado, pero también que los herederos del dictador tienen derecho a ser compensados económicamente por las obras y el mantenimiento realizado en el inmueble porque, según los jueces, la familia no ocupó la propiedad de “mala fe”. El Supremo no cifra el importe de esa indemnización, pero sí establece que debe cubrir solo “los gastos necesarios y útiles” acometidos desde la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, una cantidad que sus nietos han cifrado en 800.000 euros. Ahora será un juzgado de A Coruña el que, en el trámite de ejecución de la sentencia, tendrá que acordar el valor de la compensación.

La sentencia del Supremo confirma la dictada en febrero de 2021 por la Audiencia Provincial de A Coruña, que ratificó la titularidad pública del pazo reconocida por un juzgado de primera instancia, pero, en contra de lo dictaminado por este, instó al Ejecutivo a compensar a económicamente a la familia del dictador. Ese es el fallo que ha confirmado ahora el alto tribunal, que ha rechazado tanto los recursos presentados por la Abogacía del Estado (al que se habían adherido la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento y la Diputación de A Coruña y el Concello de Sada), como los registrados por los nietos del dictador, los hermanos Martínez Bordiú-Franco.

El pronunciamiento del alto tribunal era el paso que esperaba el Gobierno para que la propiedad estatal fuera definitiva y el pazo pudiera ser rehabilitado para abrirlo entero al público y ser convertido en Lugar de Memoria. En los recursos interpuestos ante el Supremo por ambas partes ya no se discutía que los títulos jurídicos en los que se había fundado la propiedad de Francisco Franco Bahamonde (una donación en 1938 por la junta de prohombres del régimen en la provincia y la compraventa simulada en 1941 con la que el entonces jefe de Estado inscribió la propiedad a su nombre en el registro y compraventa) eran nulos.

Lo que debía debatir la Sala Civil era si, como reclamaban los herederos, estos tenían derecho a ser considerados propietarios por prescripción adquisitiva o usucapión, es decir, mediante su posesión continuada y pública durante más de 30 años tras la muerte del dictador; y en caso de que los jueces, como ha ocurrido, negaran esta adquisición, si les reconocía el derecho a una indemnización.

Respecto a la primera cuestión, la Sala concluye que desde 1938 el pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, como una dependencia similar al Palacio del Pardo, por lo que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo, hasta la década de 1990, en la que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración. Esta interpretación implica que, cuando se presentó la demanda contra ellos, en julio de 2019, no había transcurrido el plazo legal de 30 años para poder adquirir la propiedad por prescripción.

En cuanto a la compensación económica que reclamaban los herederos, la Sala parte de que en la demanda de la Abogacía del Estado se indicó expresamente que no se discutía que la familia de Franco fuera poseedora de buena fe y que, por tanto, una vez devuelta la posesión del Pazo, debería ser indemnizada en los términos previstos para estos casos en el Código Civil. Lo que, por lo demás, señala el Supremo, era perfectamente “congruente” con lo sostenido en el informe jurídico que se incorporó al informe de la Comisión de Expertos creada por el Parlamento de Galicia para estudiar la viabilidad de la reclamación de la propiedad del pazo, que se pronunció “expresa y taxativamente” en ese sentido.

“Desde el fallecimiento de Franco sus herederos han estado un prolongado periodo de tiempo utilizando el inmueble de forma pública y pacífica, e incluso han sido tratados como poseedores legítimos (aunque no a título de dueños) por la propia administración, sin que antes de la interposición de la demanda mediara ningún requerimiento con valor jurídico para la entrega del pazo”, señala la Sala Civil. Los jueces consideran que si en la demanda se mantuvo de manera “clara y expresa” esta postura, no se puede modificar posteriormente para negar “la buena fe” y el derecho a la indemnización previamente reconocidos, puesto que los herederos contestaron a la demanda confiados en esas afirmaciones y un “improcedente cambio posterior” de las pretensiones de las administraciones les causa “una indefensión constitucionalmente proscrita”.

Tras conocer la decisión del Supremo, el ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que el fallo significa “devolver a lo público lo que público era”. También se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que ha calificado la decisión de los jueces como un “ejercicio de justicia”. Ambos se han pronunciado en actos oficiales que tenían ya fijados, Torres en Madrid y Blanco en Lugo. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado que si de la sentencia del Supremo hay una consecuencia indemnizatoria, “habrá que acatarla”, con independencia de que “guste o no”.

LAURA BALLESTER. LEVANTE EMV

La jueza de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. En el escrito de 109 folios, que el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha notificado a las partes, la magistrada señala que "la dana no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, fue anunciado con días de antelación, y su momento álgido, el día 29 de octubre de 2024, el día en que se perdieron la práctica totalidad de las 230 vidas, algunas fallecerían durante los días posteriores, fue previsto igualmente".

La jueza considera que "la investigación de la negligencia en la gestión de la dana, con el resultado mortal y lesivo objeto de las presentes diligencias, no se puede circunscribir exclusivamente a los dos investigados, a Salomé Pradas Ten, consellera de Justicia e Interior, ni a Emilio Argüeso Torres, secretario autonómico de Emergencias, quienes ocupaban dichos cargos el 29 de octubre de 2024, sino que ha de extenderse de manera inevitable, por la evidente conexidad, a la vista de los indicios, pruebas, competencia y regulación normativa en materia de protección civil, así como a la inactividad negligente de quien fuera president de la Generalitat y actualmente sigue ostentando la condición de diputado de las Corts y en consecuencia aforado: Carlos Mazón Guixot".

Sobre él, la jueza de la dana señala que "la posición de garante del president, se produce en una alternancia fundamentalmente de actuaciones omisivas, aunque algunas de carácter positivo. La negligencia se prolongó durante largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable, sin que se tomaran decisiones básicas, con una falta de coordinación en la Administración Autonómica presidida por el señor Mazón, lo que exige que la investigación se extienda a dicho aforado".

Para la magistrada de Catarrroja, "la cadena de negligencias se produjo de forma sucesiva y en la misma intervendrían presuntamente el secretario autonómico de Emergencias, la consellera de Justicia e Interior y el presidente de la Generalitat". Los tres unidos por "el punto de unión de los eslabones, el engarce, [que] lo constituía el pase de una situación de emergencia a otra y derivaría en una responsabilidad compartida, entre el escalón superior e inferior".

Aunque, al mismo tiempo, "la estructura jerárquica implicaría que el superior podía y debía supervisar y controlar lo que hacía el inferior, y en el caso del presidente de la Generalitat, dicha responsabilidad se configura en un plano de mayor gravedad por las funciones y responsabilidad que la ley le atribuye, y el conocimiento que tenía del grave riesgo mortal".

La jueza de la dana reitera, además, como han dictado tanto la sección segunda de la Audiencia de València como el Tribunal Supremo en sus resoluciones sobre la dana, que era la Generalitat la competente en materia de Protección Civil y Emergencias. Por ello, señala la magistrada: "La gravedad de la negligencia, la omisión de la obligación de coordinar las diversas entes de la administración autonómica en una emergencia que siempre estuvo bajo la competencia de la administración autonómica se derivaba de diversas fuentes de conocimiento que obligaban al presidente [de la Generalitat Carlos Mazón] a actuar y que convierten su permanencia, absolutamente pasiva, durante cerca de cinco horas en el reservado de un restaurante probarían una presunta grosera negligencia con una grave resultado mortal, 230 fallecidos, a los que han de sumarse los lesionados".

Otro de los indicios que la instructora alega para solicitar la investigación de Mazón es "la eventual participación del señor president de la Generalitat en el proceso de decisión en el envío del sistema Es Alert". Una teoría que basa en "un triple motivo" alrededor de los mensajes enviados por el jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, a la entonces consellera Salomé Pradas, durante la tarde de la emergencia y en los momentos previos a los envíos de los dos Es Alert que la magistrada considera "tardíos y erróneos".

El primer motivo sería "la condición del señor Cuenca, secretario autonómico, jefe de gabinete del señor Mazón convierte los mensajes no en meras opiniones, o en consejos, sino en órdenes". Y añade, como segundo motivo, que "especialmente relacionado con lo anterior está la estrecha relación personal que une al señor Mazón con el señor Cuenca, como puso de manifiesto en su declaración, actualmente ostentaría la condición de asesor de la oficina del expresidente de la Generalitat". Y, en tercer lugar, "la expresión “De confinar nada, Salo”, posee un carácter claramente imperativo. Rechaza frontalmente esa parte del contenido del mensaje", señala la magistrada, en referencia a la redacción del primer Es Alert, el de las 20.11, cuyo texto se debatió desde las 17.15 horas hasta que se envió.

La magistrada también destaca en la exposición razonada otros "elementos de la negligencia" cometida por los responsables autonómicos en la gestión de la emergencia del 29 de octubre. El principal, la "convocatoria con retraso del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia9, algo obvio y que muestra la pasividad en la toma de decisiones, así como la falta de coordinación". Respecto a Mazón, aunque no era miembro nato del Cecopi, la magistrada señala "la falta de instrucciones, lo que es concordante con la minimización de los riesgos por parte del señor Mazón, lo que se desprende no solo de las manifestaciones, sino del mantenimiento de una comida que se prolongó de una manera injustificada si atendemos a la gravedad de la situación".

Otro elemento de la negligencia, a juicio de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, es el "retraso del envío de la alerta a la población". "La responsabilidad que se le atribuyó a la consellera, la señora Salomé Pradas, en el retraso en el envío de la alerta a la población, por su eventual efecto incriminatorio, es un hecho del cual se quiso desligar públicamente y desde un principio la señora Pradas tras conocerse que la práctica totalidad de los fallecimientos se había producido con anterioridad al envío del mensaje a las 20.11 horas".

Una alerta que, para la jueza, "en realidad se pudo haber lanzado un mensaje sobre las 17.20 horas con el contenido que expuso el Sr. Jorge Suárez, que hubiera sido plenamente efectivo al objeto de salvar vidas hasta el punto de que aconseja subir a los pisos altos, lo que daba idea de hasta donde podía llegar el agua, cuanto menos dos metros, y que por ende, bajar a los garajes o permanecer en plantas bajas era un riesgo clarísimo que había de excluirse".

"Se esperó hasta casi tres horas -alega la magistrada-, desde que se habló en el Cecopi del envío del mensaje hasta que se materializó. Como posteriormente analizaremos cualquier retraso en la dirección de una emergencia como la que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024 implicaba el aumento de la mortalidad".

Por último, sobre la responsabilidad penal del presidente de la Generalitat Valenciana durante la dana, la magistrada destaca que "la afirmación de que el president podía permanecer ajeno, no tomar ninguna decisión, no coordinar, diferirlo todo a la conselleria encargada de la emergencia o los técnicos encargados de la misma, no manifestar la pertinencia sobre el envío de mensajes de alerta a la población, ya fuera a través del Es Alert o de otros medios, no controlar la adopción de decisiones, permanecer aislado durante un fenómeno meteorológico de la gravedad que se anunciaba, carece de sustento no solo lógico, sino legal". Hasta la ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias le da la potestad de declarar la situación de emergencia catastrófica.

Pero la actitud de Mazón el día de la emergencia le perjudica, por acción u omisión, a juicio de la jueza de la dana. "La mayor parte de la provincia de Valencia se encontraba en una situación de emergencia el 29 de octubre de 2024, y la gravedad de esta iba in crescendo". El hecho de que Mazón se desentendiera "afianza la concurrencia de un elemento negligente en la omisión". "Una cuestión -razona la magistrada- de mera lógica y justicia: no puede situarse en una situación peor al que no actúa, en ningún modo no acude ni participa en el centro de decisión, pudiendo hacerlo normativamente, frente al que interviene [Salomé Pradas]".

De ahí que, "si su presencia era innecesaria, si era una cuestión exclusivamente de los técnicos, si no debía de tomar ninguna decisión, no hubiera sido preciso su presencia en el Cecopi en ningún momento, ni antes ni después del envío de la alerta, ni enfundarse en un chaleco de emergencias, como parte de un operativo destinado a proteger a la población, ni intervenir en unas declaraciones públicas que se efectuaron durante el envío del segundo mensaje" Es Alert.

Por tanto la magistrada considerra que "la negligencia que desplegó el president de la Generalitat se desplegó en diversos planos". De una parte, por la "minimización pública e ilógica de la gravedad de la emergencia (...) en la comparecencia pública que tuvo lugar a las [12 horas] en esa comparecencia afirmó que la borrasca se desviaba a la Serranía a Cuenca o que se habían producido el fallecimiento de unas cabras. En la hora que se produjeron dichas declaraciones ya había constancia de un desaparecido y la situación en Utiel era una población completamente anegada por el agua". Y de otra parte, "la situación de ajenidad del momento en el que el señor Carlos Mazón entra a comer sobre las 14.30 horas hasta las 20.28 horas, hora en que llegó a la sede del Cecopi en l'Eliana".

Mazón protagonizó una larga sobremesa en la que "las comunicaciones con la consellera Salomé Pradas fueron sorprendentemente exiguas en cuanto a su duración y se produjeron en un espacio, el reservado de un restaurante, que difícilmente puede estimarse el lugar donde se pueden dar órdenes, instrucciones, manejar información, recibir asesoramiento o apoyo técnico. El reservado de un restaurante no es ni la sede de un despacho oficial ni un lugar de gestión de una emergencia", asegura la magistrada sobre las circunstancias en las que el presidente de la Generalitat fue informado sobre la evolución de la emergencia.

Una larga sobremesa en la que Mazón "permaneció acompañado de una periodista la señora Vilaplana quien manifestó que no vio preocupado al señor Mazón, lo que ciertamente es concordante con la prolongación injustificada de la sobremesa en dicho restaurante". Una testigo que, recuerda la jueza, "declaró que no llegó a oír las conversaciones, ni los comentarios que pudieron producirse a raíz de las comunicaciones telefónicas, lo que es ciertamente difícil. A no ser, que pretendiera excluir del conocimiento de lo que sucedía en el exterior a dicha periodista. Algo también complejo, dado que la periodista había recibido un vídeo sobre la situación en Utiel, y pretendiera minimizar una situación grave como medio de normalizar la permanencia en el reservado".

Dieciséis meses de instrucción

La decisión de solicitar la investigación de Carlos Mazón se adopta dieciséis meses después de las inundaciones que acabaron con la vida de 230 personas. Y un año después de que se rechazaran las querellas y demandas presentadas contra el presidente de la Generalitat Carlos Mazón descartada por el mismo TSJCV para que la investigación de la gestión de la dana se investigara en el juzgado de instrucción que correspondiera para centralizar la investigación. Una decisión que se adoptó en diciembre de 2024 por la Fiscalía Superior y la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En apenas un año, la causa de la dana cerró 2025 estrechando el cerco sobre el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y desmontando la guerra de relatos que desde la Generalitat se intentó imponer.

La causa de la dana ha cumplido dieciséis meses de instrucción. Un total de 21 juzgados de 13 partidos judiciales abrieron diligencias el mismo día 29 o a partir del 30 de octubre de 2024 por la desaparición de personas o la aparición de los primeros cuerpos. Una instrucción que cogió velocidad de crucero y un ritmo trepidante desde febrero de 2025, cuando la investigación se centralizó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, que ahora se denomina Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Una causa que ya investiga la muerte de 230 personas como homicidios imprudentes y tiene otro fallecimiento, posterior al día de la dana, en estudio, a petición de una familia.

Prórroga de la instrucción hasta abril

La magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja acordó el pasado 17 de septiembre prorrogar seis meses la instrucción de la causa, que comenzaron a contar a desde el 30 de octubre de 2025 y finalizarán en abril. Aunque las prórrogas judiciales, ampliadas de seis en seis meses, no están limitadas. Una instrucción puede extenderse el tiempo que se considere necesario por el magistrado instructor.

J.J. GALVEZ. OSCAR LOPEZ-FONSECA

EL PAIS. 22 DE FEBRERO DE 2026

A las 18.29 del pasado martes 17 de febrero, varios periodistas recibieron por WhatsApp un comunicado de apenas 357 palabras que iba a desatar una gigantesca crisis institucional a una velocidad de infarto. Se titulaba así: El director adjunto operativo de la Policía Nacional investigado por agresión sexual. En escasos cuatro párrafos, el abogado Jorge Piedrafita explicaba que un juzgado de Violencia contra la Mujer de Madrid había admitido a trámite una querella por violación contra el comisario José Ángel González, alias Jota, máximo jefe del cuerpo y con mando sobre sus cerca de 75.000 agentes. La noticia es una bomba. Y, en unos minutos y tras contrastarla, medios como EL PAÍS comienzan a ofrecer los primeros detalles de la denuncia presentada por una inspectora contra su superior. Habla de “penetración” no consentida, de “mensajes intimidatorios”, de “abuso de superioridad”, de “coacciones” para “comprar su silencio”... A las 20.30, solo dos horas después de difundirse la nota del letrado, González dimitía.

Sin embargo, la salida del director adjunto operativo (DAO) no cierra la enorme herida abierta en el seno de la Policía Nacional, que se coloca ahora en el epicentro de dos investigaciones: una judicial, encabezada por el magistrado David Maman Benchimol; y otra interna, impulsada por el Ministerio del Interior. Ambas tratarán de reconstruir todo lo ocurrido entre el 23 de abril de 2025, cuando la agente asegura que González, de 66 años, la violó en el domicilio oficial donde residía; y el pasado martes, cuando la denuncia se hizo pública. También, si alguien más conocía el caso y trató de encubrirlo o presionar a una mujer que vive “aterrada” y “encerrada” desde hace meses, según su abogado, y desde el jueves, con escolta. Una historia que ya deja varios capítulos.

La acusación de agresión sexual. La querella cuenta que la agente, de 49 años, se encontraba trabajando el 23 de abril del pasado año en la comisaría de Coslada (Madrid) cuando, sobre las 14.15, empezó a recibir “múltiples” llamadas de teléfono del DAO para requerirle que se presentara ante él de forma “inmediata” —ambos habían mantenido una relación durante un tiempo, según la denuncia y según aseveran varias fuentes, a la que ella asegura que le había puesto fin—. La inspectora dice que se negó y que alegó que estaba de servicio. Pero entonces, según su versión, él dio la orden para que fuera a bordo de un vehículo policial sin distintivos (los conocidos como K o camuflados) hasta el restaurante donde estaba comiendo con su mano derecha, el también comisario Óscar San Juan, para recogerlo y llevarlo hasta su domicilio oficial.

La querella, precisamente, sitúa allí la presunta agresión sexual. Con numerosos detalles, narra que el director adjunto “doblegó la voluntad de la víctima” para que subieran juntos a la vivienda, pese a que la mujer se negaba de “forma expresa y reiterada”. Una vez arriba, él “sirvió dos copas” e “inició un acercamiento físico de naturaleza sexual” que ella también “rechazó”. Sin embargo, según prosigue, González se aprovechó de su “superioridad física y autoridad” para toquetearla e, incluso, penetrarla con los dedos. “¡Oye, que soy el DAO!”, le llegó a espetar para presionarla, según incide la querella. Hasta que la mujer logró “zafarse” y abandonó el edificio.

El abogado Piedrafita, que ha asumido la defensa de la víctima y se ha erigido como su portavoz ante la prensa, asevera que todo ese episodio fue captado en un audio (de 40 minutos) por ella. Y, según apostilló, el juzgado ya le ha requerido la grabación e iba a entregarla este viernes.

Los contactos posteriores. La inspectora, que afirma que sufrió una crisis de ansiedad al llegar a su casa (con “temblores”, “hiperventilación”, “llanto incontrolado”, “sensación de irrealidad”...), asegura que el DAO comenzó a telefonearla esa misma noche. Según la denuncia, a partir de las 20.43, le hizo 17 llamadas en un “breve” lapso de tiempo; y, como no contestaba, pasó a mensajearla. “Estás gilipollas”, “borrica”, le escribió.

Esos intentos de contacto se suceden presuntamente durante los días y meses posteriores. Ya no solo usa su teléfono para intentar hablar con ella, sino también los de sus despachos oficiales, según la querella, que pone a disposición del juez los registros de llamadas. Finalmente, ella apunta que el 22 de mayo accede a hablar con él y que ya tenía intención de denunciarle, a lo que González le responde con “amenazas veladas” de carácter laboral. Su defensa aclara que la agente acude el 2 de junio a un punto violeta (lugar de atención a víctimas de violencia machista y agresiones sexuales) de un municipio de la Comunidad de Madrid para recibir asesoramiento, donde le asisten psicólogas.

“Comprar su silencio”. El 2 de julio, la Secretaría de Estado de Seguridad publica en el BOE el ascenso de la agente a inspectora, y ella busca nuevo destino. Según reseña, es entonces cuando recibe diversas llamadas de la mano derecha del DAO, a las que no responde. El 13 de julio, habla finalmente con el comisario San Juan, y dice que este intentó “comprar su silencio”. Según la querella, le invitó “textualmente” a que eligiese a “qué destino o puesto de trabajo” quería ir y que, “cuando lo tuviese pensado, se lo mandase por WhatsApp”. Ella mantiene que le respondió: “Tú me llamas porque él te ha dicho que me llames”. El abogado Piedrafita ha indicado que esa conversación también está grabada en audio.

La crisis psicológica. Fuentes de la Policía Nacional detallan que la agente obtiene destino en la Subdirección de Recursos Humanos y Formación, emplazada en el número 5 de la madrileña Calle Miguel Ángel, sede de la Dirección General de la Policía. Al frente de ese área está la comisaria Gemma Barroso, y comparte edificio con la Dirección Adjunta Operativa, que González dirige. De hecho, estas fuentes precisan que Barroso y González tienen despacho en la misma planta (la segunda); y que la inspectora iba a desempeñar su labor en la tercera.

El abogado Jorge Piedrafita expone que, en principio, le tocó ese puesto “por méritos” y “aritmética”, aunque desliza: “Pero igual el DAO la quería tener controlada”. Por su parte, fuentes conocedoras de la investigación interna de la Policía Nacional aseguran que, hasta el momento, no se ha detectado “ningún tipo de intermediación” que suponga que la agente fue destinada allí de manera irregular.

Solo unos días después, todo estalla. Según la querella, el 24 de julio, el día que se incorpora al trabajo y mientras se encontraba en el despacho de Gemma Barroso, la agente recibe una llamada de teléfono del despacho del director adjunto operativo. Ella sostiene que no responde, pero entra en una fuerte crisis emocional y comunica a su jefa que no se encuentra “en condiciones de trabajar por salud mental”. Fuentes de la Policía y su propio letrado reiteran que todavía no cuenta la presunta agresión sexual a sus superiores. Le dan la baja médica el día 28 de ese mismo mes.

Presentación de la querella. La mujer denunciará cinco meses después. Según especifica su abogado, trabajaron con el máximo “sigilo” y siempre “fuera de los cauces policiales”, para poder acudir “directamente” a los tribunales y que el caso llegara a la mesa del juez “sin ninguna interferencia policial”. Piedrafita firmó la querella el 9 de enero. Cinco días después se asignó al juzgado de Violencia sobre la mujer encabezado por el magistrado David Maman Benchimol. Este la admitió a trámite el 12 de febrero —al apreciar “características que hacen presumir la posible existencia de delito/s [sic]”— y abrió así una investigación contra el comisario González, al que ha llamado a declarar como imputado el 17 de marzo.

El letrado de la denunciante también solicitó que se interrogue como testigo a Óscar San Juan (a quien Interior ha apartado de sus responsabilidades) y que la Guardia Civil compruebe la veracidad de los audios y mensajes que se aporten, aunque el magistrado aún no se ha pronunciado sobre ello.

Comunicación a los superiores. Ya en la tarde del pasado martes 17 de febrero, cuando ya se había admitido a trámite la querella, la inspectora pidió hablar con Gemma Barroso para contarle lo ocurrido. “Ella la atendió con enorme empatía y tacto. Se quedó de piedra ante unos hechos tan graves, ante los que le dijo que evidentemente tenía que denunciar y seguir hacia adelante”, ha aclarado su abogado. Fuentes del Ministerio añaden que sobre las 18.00, la comisaria informa en persona al director general de la Policía, Francisco Pardo, que traslada los hechos a su vez al ministro Fernando Grande-Marlaska. A las 18.29, Piedrafita envía su comunicado a los periodistas y, en solo unos minutos, la noticia corre como la pólvora.

Fuentes de la cúpula de Interior reiteran que hasta ese momento no sabían nada de la supuesta agresión sexual, ni de la presentación de la querella. A las 19.50, un portavoz de la Policía Nacional contestaba a EL PAÍS que desconocían la denuncia y su contenido. En unas declaraciones a la prensa, el DAO asegura que se enteró por los medios de comunicación.

La dimisión. En medio de una enorme presión, el director adjunto operativo comunica su dimisión, adelantada por la Cadena SER sobre las 20.30. Fuentes del Ejecutivo recalcan que ya le habían enseñado la puerta: o se iba por su propia voluntad o le cesaban. González formaliza su salida sobre las 21.30, cuando firma su renuncia: “Para poder ejercer mi legítimo derecho de defensa y para salvaguardar el honor y la imagen de la Policía Nacional”.

Pero, para entonces, el escándalo ya es imparable. El sindicato mayoritario entre los agentes, Justicia Policial (Jupol), reclama la dimisión del ministro del Interior. La oposición se suma y eleva las arremetidas: el PP acusa sin pruebas a Grande-Marlaska de haber “tapado y protegido” a José Ángel González. La consternación se extiende rápidamente como una mancha de aceite y Francisco Pardo, tras llevar el cese del DAO al ministro para su firma, se reúne el miércoles en el complejo policial de Canillas (Madrid) con la cúpula del Cuerpo, a la que trata de animar. Según fuentes presentes en esa cita, además de informarles de la querella, les dice que hay que seguir adelante y que, por encima de cualquiera, está la Policía. La comisaria Gemma Barroso, número dos en el organigrama al ser la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, asume el cargo de DAO de forma interina.

Varios mandos reconocen que están devastados y en shock. “Qué imagen está quedando de la Policía”, se lamenta uno de ellos en conversación con EL PAÍS. El Cuerpo lleva años tratando de recuperarse de la etapa del comisario Eugenio Pino, que ocupó el cargo de director adjunto operativo durante los Gobiernos de Mariano Rajoy (desde 2012 hasta 2016, cuando se jubiló), etapa en la que se gestó la llamada policía patriótica y se ejecutaron operaciones para perjudicar a adversarios políticos del PP. Pino ya ha sido condenado a un año de cárcel por maniobrar contra la familia Pujol; y, a partir de abril, se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional para ser juzgado por el caso Kitchen, la trama para espiar y robar documentación al extesorero popular Luis Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción pide que se le condene a otros 15 años de prisión.

Las últimas imágenes del comisario José Ángel González, un hombre muy cercano a Marlaska (le reportaba directamente, según fuentes policiales) y que fue la imagen de la Policía Nacional en las ruedas de prensa diarias durante el confinamiento por la pandemia, son ahora las de un hombre que huye de las cámaras de televisión que se han apostado frente a su casa. “No voy a hacer declaraciones”, repetía a una nube de micrófonos. Ante el juez tendrá oportunidad de declarar.