EL PAIS

Al aprobar la ley que prohíbe el acceso de quienes no hayan cumplido los 15 años a las redes sociales, el Parlamento francés ha convertido a este país en el primero en Europa en adoptar una medida clave ante unos riesgos crecientes y fuera de control. Las plataformas están diseñadas para someter la atención de los usuarios con estímulos constantes y resultan especialmente dañinas cuando, en el caso de los menores, actúan sobre un cerebro en desarrollo. Las nuevas restricciones, impulsadas por el presidente Emmanuel Macron, envían una señal necesaria a los gigantes tecnológicos: no todo vale, ni siquiera en este terreno que hasta ahora carecía de reglas, y sobre el que los poderes públicos todavía tienen margen de actuación.

La edad media a la que los menores estrenan un móvil en España es de 11 años y el 99% de ellos están en redes sociales. Hay evidencias concluyentes sobre el poder adictivo que el diseño algorítmico confiere a las redes y sobre otros efectos en la salud mental, como malestar emocional, ansiedad y depresión. También se han descrito el deterioro de la atención y la memoria y una disminución de la capacidad de razonamiento crítico. Las redes propician la exposición de los menores a contenidos inadecuados como la pornografía y a la abundante desinformación que circula. La conciencia de estos factores negativos de la tecnología ha favorecido ya un giro en España, donde se evidencia una brecha social preocupante: en las familias con más recursos y formación los padres han retrasado deliberadamente el acceso al móvil (y a las redes) y el INE ya señala más dispositivos entre los hijos de las familias de menor renta que en las acomodadas.

Que la necesidad de regular esté clara no significa que vaya a ser fácil aplicarla. Las plataformas son servicios transfronterizos, y uno de los escollos es encontrar un mecanismo eficaz de verificación de la edad que, en la ley francesa, no está previsto. En teoría son las plataformas las que deben resolverlo, un problema que ya se ha observado en la aplicación de la Directiva de Servicios Digitales de la UE. Otra cuestión es definir qué se entiende por redes sociales, porque no todas responden al mismo modelo.