JUANA VIUDEZ. ANA MARIA BOSCH PLA. EL PAIS

Las denuncias públicas por la violencia que empleó este miércoles la Policía contra manifestantes de la huelga general, esencialmente en Madrid, han abierto una crisis al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Diferentes sectores de la izquierda, entre ellos el Frente Amplio, socio del Gobierno, han pedido su dimisión. Para ello se han basado en imágenes en las que se ve a los agentes empujando y dando porrazos a un grupo de personas en el centro de Madrid, en torno a las 21.00; cargas policiales en las que se usaron gas lacrimógeno y gas pimienta. También se han apoyado en testimonios de afectados, que durante el día aseguraron que habían sido rociados en la Gran Vía madrileña con “gas pimienta” cuando estaban en la cabecera de una manifestación “sin hacer nada”, según testimonios recopilados por EL PAÍS.

Grande-Marlaska ha reaccionado y ha ordenado abrir “investigaciones específicas” sobre las “distintas incidencias”. A su vez, ha acordado que, a partir de ahora, “no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones”. Los sindicatos policiales han criticado con dureza la falta de apoyo del ministro a la actuación policial, que ven proporcionada, y advierten de que si se dejan de utilizar elementos intermedios, como el gas lacrimógeno o el gas pimienta en las concentraciones, los agentes quedarán indefensos y tendrán que recurrir a medios más contundentes, que no eviten el cuerpo a cuerpo, como las defensas. “Retirar herramientas como el gas lacrimógeno no es modernizar, ni es progresista”, ha valorado el presidente del sindicato de mandos, Daniel López. “La jornada fue muy compleja y pudo saldarse sin consecuencias mucho más graves, gracias a la impecable planificación operativa”, añade. La polémica se ha generado a escasas horas de que arranque la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de Noviembre. “Estamos profundamente indignados, cansados y hartos de ver cómo, una vez más, se utiliza a la Policía como moneda de cambio política”, se ha lamentado López.

La Policía tenía previsto en Madrid un dispositivo por la mañana de unos 500 agentes, entre miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP), conocidos como antidisturbios, y Unidades de Prevención y Reacción (UPR), movilizadas para reforzar la seguridad ciudadana, y de unos 400 por la tarde. Este despliegue estaba sometido a las instrucciones de la Secretaría de Estado de Interior, que estableció como objetivos asegurar el “libre y pacífico ejercicio de derechos y libertades y la seguridad ciudadana con motivo de la huelga general”, según se recoge en la orden de servicio del cuerpo policial. Antes de la huelga, Interior encargó a la Comisaría General de Información un informe para valorar la amenaza y analizar y evaluar los riesgos. En total, durante la jornada hubo 100 detenciones en toda España, 20 de ellas en Madrid y 50 en Barcelona, según datos de Interior y Mossos.

Las cargas policiales que se produjeron por la noche, antes de que la manifestación llegara a Plaza de España, se encuentran entre las actuaciones que más críticas han recibido, especialmente porque muchos manifestantes quedaron cegados por los gases y se sintieron atrapados en una ratonera. Varias fuentes policiales consultadas coinciden en que se esperaba la presencia de grupos ultras, especialmente antisistema, en esas protestas, y vinculan las decisiones policiales a un intento de frenar actos violentos de cualquier tipo. “Ante el temor de que grupos radicales lleguen a un punto, que podría ser Plaza de España, donde estaba marcado el final de la manifestación, se intenta dispersar, diseminar a quienes pueden suponer una amenaza, algo que permitía el gran despliegue policial que se había dispuesto”, justifica una fuente policial.

En ese camino se vieron envueltas personas que habían acudido a protestar. Olaya Flecha, madrileña de 26 años, es una de ellas. Acudió a la manifestación sobre las seis y media de la tarde con una amiga y vio muchísima gente, más de la que había visto nunca en una concentración. Realizó el recorrido con normalidad y, cuando llegó a la altura de la Plaza de Callao, vio que había furgones policiales que no permitían el acceso hacia Plaza de España, el punto previsto y permitido para finalizar la marcha. Apreció allí también un cordón formado por policías que, inicialmente, se retiraron para dejar avanzar a los manifestantes unos metros. Según relata, estaba parada esperando cuando la policía empezó a disparar pelotas de goma al aire. “Con los primeros disparos la gente sale huyendo y yo salgo corriendo, pero me quedo cerca. Al ver que paran, nos asomamos para ver qué ocurre y esta vez tiran botes de humo”, agrega. Asegura que con la segunda carga salió corriendo “con muchísimo miedo” por las calles perpendiculares a Gran Vía.

Azalea del Canto, de 27 años, también se unió al recorrido en la plaza de Neptuno con sus amigas. Llegaron sobre las ocho de la noche a Plaza de España. Allí, descubrió que la policía había cortado el acceso. “No sabíamos bien qué hacer. Nos preguntamos si sentarnos en el suelo, pero estaba mojado, así que esperamos de pie hablando entre amigas”, cuenta. Entonces escuchó: “Nos están dejando pasar”. Vio que los agentes se retiraron a ambos lados y avanzó hasta la parada de metro de Plaza de España. Oyó, según cuenta, los disparos de las pelotas de goma al aire y vio que la gente empezó a retroceder.

“Al principio parecía una cuestión disuasoria y retrocedimos con las manos levantadas lentamente y ahí fue cuando tiraron gas lacrimógeno”, relata. Vio que cada vez había más gas y se refugió en un hotel que abrieron los trabajadores para ayudarles. Se echaron suero y leche. “En ese hotel estábamos muchísimas personas que salimos corriendo. Había chavales de 12 o 13 años que lloraban porque no entendían qué estaba pasando”, describe. Intentaron salir a los cinco minutos, sin éxito porque todavía había cargas. Esperaron 20 minutos. Y al salir, dice, la gente estaba desorientada. Hubo gente que se enfadó, pero, sobre todo, insiste en que mucha gente estaba confundida, preocupada y con miedo. Buscaban y preguntaban por los acompañantes con los que habían acudido. La ONG Amnistía Internacional está recopilando imágenes de actuaciones violentas para realizar una investigación y posterior denuncia.

Los sindicatos policiales han salido en tromba a defender la actuación de los agentes antidisturbios. “Vemos inaceptable que se califique sistemáticamente de abuso o violencia policial cualquier uso de la fuerza”, manifiesta Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP, la organización decana entre los agentes y que antaño mantuvo una buena relación con el PSOE). “El uso legítimo y proporcionado no es violencia, es una herramienta necesaria para garantizar el cumplimiento de la ley. No podemos exigir a los agentes que intervengan ante agresiones, coacciones y alteraciones y después criminalizarlos por usar los medios de defensa autorizados”, añade.

Justicia Policial, JUPOL, uno de los más beligerantes con el Gobierno, y con un peso similar al SUP en el Consejo de la Policía, el órgano de negociación entre los agentes y el Ministerio del Interior, ha vuelto a pedir la dimisión del ministro del Interior, al que ven desconectado de los agentes a su cargo. Al igual que el sindicato de mandos, JUPOL cree que prohibir el uso del gas lacrimógeno puede provocar más lesiones. “Es una herramienta reglamentaria”, argumentan. “Eliminar esta posibilidad no elimina la violencia, ni las alteraciones del orden público. Lo que hace es reducir las alternativas de intervención de los agentes y puede obligarles a recurrir a medios más contundentes y de contacto directo, como las defensas policiales, incrementando el riesgo de lesiones, tanto para los policías como para los ciudadanos”.

“Si no actúa la Policía, las ciudades estarían destrozadas. El orden público no son diez segundos de imagen, es un conjunto. Si hay una alteración, hay que actuar, desalojar la zona. Lo que se hizo con los disturbios, tanto en Madrid como en Barcelona, fue actuar”, aporta Serafín Giraldo, secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP). El representante policial también teme que, si se prohíbe el uso de gases lacrimógenos, será más complicado evitar el cuerpo a cuerpo y dejará más expuestos, tanto a los agentes como a los manifestantes. “Hay más de 20 agentes heridos en toda España, entre ertzainas, policías y mossos”, agrega.