OSCAR LOPEZ-FONSECA. EL PAIS

Cuando ETA anunció, el 20 de octubre de 2011, el “cese definitivo” de la violencia terrorista, 703 de sus miembros estaban encarcelados. Tres lustros después, ese número se ha reducido a 110 presos etarras ―un 85% menos― tras la salida de la cárcel el pasado 13 de octubre de Roberto Lebrero Panizo, el último hasta ahora en quedar en libertad. Un acusado descenso del número de reclusos que, sin embargo, refleja solo una parte de la profunda transformación que ha vivido este colectivo desde que la organización terrorista anunció que abandonaba las armas.

De la dispersión a las cárceles vascas. Cuando la banda armada comunicó su decisión de no volver a atentar, las cárceles españolas custodiaban a 559 etarras, mientras que 144 más se repartían en presidios de otros cuatro países europeos y México. Era 2011 y la política de dispersión de los presos etarras puesta en marcha en 1989 por el gobierno de Felipe González seguía vigente. Tanto era así, que entonces solo 15 reclusos de ETA estaban en prisiones de Euskadi y Navarra, todos ellos considerados como arrepentidos. En la actualidad, de los 110 que siguen presos, 105 cumplen condena en cárceles vascas ―que desde octubre 2021 gestiona el Gobierno vasco― y tres en el centro penitenciario de Pamplona, dependiente del Ministerio del Interior. Los dos últimos permanecen en prisiones francesas. Este cambio se fraguó tras la llegada a Interior en 2018 de Fernando Grande-Marlaska, quien puso en marcha un progresivo acercamiento de los internos a prisiones cercanas a sus lugares de origen que terminó por finiquitar de facto 34 años de dispersión en marzo de 2023.

La ‘doctrina Parot’ y el goteo de excarcelaciones. La salida de reclusos etarras de la cárcel ha sido un goteo constante en los últimos años en el que han influido diversos acontecimientos. En primer lugar, la derogación por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en octubre de 2013, de la llamada doctrina Parot, que había prorrogado hasta entonces la estancia en prisión de muchos miembros de la organización terrorista al no permitirles descontar del máximo de 30 años de cumplimiento las redenciones de pena. Aquella sentencia benefició a 93 etarras. Otro, más reciente, fue la reforma legal aprobada en octubre de 2024 por el Congreso que permite a estos presos convalidar las penas que cumplieron en otro país, principalmente en Francia, para reducir las recibidas en España. Esta última modificación beneficia a 52 internos, según las estimaciones de Sare, una plataforma ciudadana de apoyo a los internos etarras. Al menos cinco de ellos ya han salido de prisión gracias a ella. Además, en estos años otros muchos han quedado libres tras cumplir íntegras sus condenas y al menos 62 han quedado en libertad condicional ―excarcelaciones que solo puede acordar un juez― por diferentes motivos, algunos por causas humanitarias dado su estado de salud. No obstante, algunas fuentes apuntan a que el goteo de excarcelaciones se ralentizará en los próximos años porque buena parte de los reclusos de ETA que siguen en prisión fueron juzgados tras la reforma del Código Penal de 2003 que elevó el máximo de cumplimiento efectivo de la pena para condenados por terrorismo de 30 a 40 años.

Del régimen cerrado a las semilibertades. También significativo ha sido el cambio en el régimen penitenciario en el que los reclusos de ETA cumplen sus penas. En octubre de 2011, la inmensa mayoría de los más de 700 presos etarras estaban clasificados en el primer grado penitenciario o régimen cerrado, el más duro, que les impedía acceder, por ejemplo, al disfrute de permisos de salida y que les obligaba a permanecer buena parte de la jornada en sus celdas. En la actualidad, ya no queda ningún interno de la banda armada en ese régimen y al menos 70 disfrutan de algún tipo de semilibertad ―ya sea porque están clasificados en tercer grado penitenciario o régimen abierto o porque se les aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que flexibiliza el modo de cumplir la pena― que les permite abandonar a diario la prisión para ir a trabajar, a estudiar o a realizar actividades de voluntariado como medida para facilitar su reinserción. Los restantes están en segundo grado o régimen ordinario ―en el que están clasificados cerca del 76% de todos los presos en España―, lo que les permite aspirar a disfrutar de hasta 36 días de permiso al año si cumplen otros requisitos.

Cartas de perdón. Cuando ETA dio el paso de abandonar las armas, los dirigentes del colectivo de presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) reclamaban como contrapartida la amnistía y excarcelaciones masivas. Entonces, las cartas de perdón a las víctimas eran impensables. Cualquier arrepentimiento verbal o por escrito de uno de sus presos era considerado por la organización terrorista una traición y quienes daban ese paso se arriesgaban a sufrir represalias. Sin embargo, a partir de 2018, coincidiendo con el anuncio de disolución de la organización terrorista, se entreabrió la puerta a este tipo de pronunciamientos personales. Aquel año ya se redactaron ocho misivas, según los datos manejados por la lucha antiterrorista. Al año siguiente fueron una treintena y en 2020 se superaron las 40. En la actualidad se han generalizado y en la mayoría de los expedientes penitenciarios de los reclusos de ETA constan uno o varios de estos escritos de arrepentimiento que, si bien no garantizan el acceso a beneficios penitenciarios, sí se tienen en cuenta tanto por los profesionales penitenciarios como por el juez para concederlos.

Adiós a los ‘ongi etorri’. En noviembre de 2021, el EPPK hizo público un comunicado en el que admitía que los recibimientos que se hacían a los reclusos cuando abandonan definitivamente la cárcel, los conocidos como ongi etorri, causaban “dolor” a las víctimas del terrorismo. En aquel documento, el colectivo de presos etarras pedía que ese tipo de homenajes se hiciera “en lo sucesivo” únicamente en espacios privados y “entre allegados”. En los 11 meses anteriores a aquel texto, el observatorio de radicalización del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) 

había contabilizado 30 “homenajes a miembros de ETA”. Desde aquel comunicado, los recibimientos públicos a los etarras excarcelados se redujeron de manera drástica hasta desaparecer, aunque las asociaciones de víctimas han criticado que se han producido otro tipo de reconocimientos callejeros. Covite denunció a finales del pasado agosto que este verano aún se habían registrado 77 casos de legitimación pública del terrorismo de ETA y de apoyo a sus miembros.

Una quincena de presos disidentes. Cuando en 2017 los más de 300 etarras que aún permanecían encarcelados debatieron si el EPPK aceptaba que sus miembros pudieran acogerse a la vía legal individualizada para conseguir beneficios penitenciarios como permisos de salida o la semilibertad, únicamente 40 no participaron. De los que sí lo hicieron, tan solo 42 votaron en contra de la propuesta, que finalmente obtuvo el 73% de los apoyos. En la actualidad, solo un número reducido de los reclusos de la banda sigue mostrándose contrario a la decisión de ETA de abandonar la violencia y a la posibilidad de que los reclusos soliciten beneficios penitenciarios. Según diversas fuentes, estos críticos son una quincena y todos ellos han sido expulsados del EPPK. Entre ellos está Patxi Ruiz, condenado a 30 años por el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero y que fue expulsado de la organización terrorista a finales de 2017 por llamar “liquidacionistas” al sector que dirigió su disolución. Ruiz protagonizó en 2020 una huelga de hambre en la prisión de Murcia que provocó un resurgir de la kale borroka (violencia callejera) que se tradujo aquel año en pintadas en sedes del PNV y el PSE, y la quema de algún cajero.