NATALIA JUNQUERA. EL PAIS
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes, 45 años después del intento de golpe de Estado, que desclasificará los documentos relativos al 23-F “para saldar una deuda con la ciudadanía”. “La memoria no puede estar bajo llave. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, ha dicho en un mensaje de X en el que agradece al escritor Javier Cercas, autor del libro Anatomía de un instante, que haya abierto ese camino al solicitar esa desclasificación de información. En la misma red social, el PP se ha apresurado a describir el anuncio como “cortina de humo”.
Desde diversos grupos políticos, se ha atribuido a esos documentos buena parte del retraso en la aprobación de la ley de secretos oficiales, un proyecto que ha sido debatido en numerosas ocasiones en las Cortes, especialmente a petición del PNV, sin que hasta ahora haya conseguido aprobarse una norma que derogue la vigente, que data de la dictadura franquista.
En el 40 aniversario de la intentona golpista, este periódico accedió al sumario judicial del caso, que incluye todas las declaraciones e interrogatorios a los implicados: casi 13.000 folios sobre las 18 horas en las que España contuvo la respiración, en febrero de 1981, esperando a un supuesto elefante blanco. Las páginas del sumario de la causa abierta por el Consejo Supremo de Justicia Militar permitían oír a los protagonistas desde dentro del hemiciclo y reconstruir el 23-F desde las reuniones preparatorias. En los primeros interrogatorios, el teniente coronel Antonio Tejero declaró: “El general [Alfonso] Armada me dijo que no tenía que haber derramamiento de sangre bajo ningún concepto. Que una vez que entráramos, el grito debía ser ‘¡Viva el Rey! ¡Viva España!’ y que en todo momento debía hacer saber a los diputados que estábamos a las órdenes del Rey. Íbamos a estar solos durante dos horas. Entonces llegaría la autoridad militar competente”. Pero lo que pretendía ser un golpe “blando” se torció y se alargó. La instrucción judicial revela por qué.
Tejero ya ha sido condenado a siete meses de prisión por conspiración para la rebelión por su participación en otro plan de golpe de Estado en 1978 (la Operación Galaxia), y en uno de los interrogatorios por el 23-F explicó que desde que abandonó la cárcel, en mayo de 1980, había procurado “mantener contacto con militares con una preocupación parecida”, como el teniente general Jaime Milans del Bosch. Este mantenía, a su vez, conversaciones similares con el general Armada, “y por ellas”, según declaró, “suponía que era con conocimiento de su Majestad”. Armada llevaba desde 1955 junto a don Juan Carlos, del que había sido preceptor, y culpaba a Adolfo Suárez de su relevo como secretario del Monarca. La sentencia descartó que el Rey estuviera implicado de alguna forma en la intentona golpista, condenó a Milans y a Tejero a 30 años de cárcel por rebelión militar y a Armada a seis por conspiración para la rebelión, pero el Supremo elevó posteriormente a 30 años la pena de este último, al que acusó de un “doble juego” y de ser “el principal beneficiario”. Milans salió de la cárcel en 1990. Tejero, en 1996. Armada fue indultado y quedó en libertad en 1988. El Supremo alegó, entre otros, motivos de salud. Juan Carlos I firmó la propuesta de la medida de gracia el día antes de nochebuena. Armada falleció en diciembre de 2013, a los 93 años.
